Desplazamiento y pobreza:

Colombia atraviesa la segunda crisis humanitaria de desplazamiento por violencia más grande el mundo, después del Congo, siendo la peor de occidente según la ONU. Desde 1985 el desplazamiento forzado afecta al país. Hoy diversos estudios confirman la existencia en nuestro país de más de 3 millones de civiles, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto armado o la persecución (1). Sólo en el año 2010, 280.041 personas fueron desplazadas, según informa la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Las cifras no son alentadoras y tampoco indican una tasa decreciente, por el contrario, solo varían con el paso de los años.

El desplazamiento forzado perjudica de manera significativa los ingresos familiares y conduce a altas tasas de pobreza. Las mujeres solteras son las cabezas de hogar en aproximadamente un 43% de las familias de desplazados internos, la situación es especialmente precaria para los adolescentes, donde se ha denunciado el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley en varias zonas del país (2) .

Asimismo, la desigualdad en la distribución de ingresos afecta negativamente el desarrollo humano. En los últimos 14 años el índice de desigualdad ha aumentado en el país, el cual pasó de 0.544 a 0.563.  De esta manera, se estima que el ingreso acumulado del 80% de la población es menor que los ingresos totales del 10% de los habitantes más ricos del mundo.

De igual manera, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que uno de cada 10 pobres de América Latina es colombiano y casi cada 8 de los indigentes también lo es. Una realidad que implica diferentes políticas para frenar las brechas notoriamente existentes, así como la vinculación  de diversos actores y esfuerzos para su transformación.

“La idea de igualdad supone ocuparse de la vulnerabilidad social, creemos que una macroeconomía que proteja a las personas frente a la volatilidad externa juega un papel fundamental.” (CEPAL 2010)

Según el Banco Mundial el panorama que se vive hoy en Colombia es: 45,5% de pobreza equivalente a 19 millones 900 mil colombianos, y un 16,4% de la población en estado de indigencia correspondiente a 7 millones 200 mil colombianos. Este 61,9% se considera en su mayoría conformado por niños y niñas que se debaten entre la desnutrición, la falta de oportunidades y el insuficiente acceso a diferentes servicios. Frente a los porcentajes presentados por la CEPAL en el año 2007, se puede observar un incremento del 7,3% en estos indicadores, lo cual es preocupante para nuestro país.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define como pobre al que vive en una familia que se sostiene con menos de dos salarios mínimos, y como indigente a quien no puede sostener las básicas necesidades diarias de calorías. De acuerdo con este concepto, nuestro país tiene un gran reto para reducir la meta de pobres al 28% y de indigencia al 9%.

En el año 2009, 183 millones de personas vivían en la pobreza en América Latina —un tercio de los habitantes de la región—, de las cuales 74 millones se encontraban en la pobreza extrema (CEPAL, 2010). Esto significa que entre 2008 y 2009 tres millones de personas cayeron en la pobreza extrema a causa de la crisis económica mundial, el aumento del desempleo, la informalidad laboral y la insuficiencia de los mecanismos de protección social.

En Colombia, en cada una de las tres áreas geográficas donde la Fundación desarrolla sus programas (Barranquilla –Atlántico-, Quibdó –Chocó- y Soacha –Cundinamarca) se presenta la misma problemática: familias conformadas en promedio por 6 personas desplazadas que llegan a una ciudad capital o, como es el caso de Altos de Cazucá (Soacha), de los municipios vecinos a engrosar los cinturones de miseria. En muchas de estas zonas existen pocas alternativas para el sustento de las familias, dándose así la pérdida de calidad nutricional y el aumento de la desnutrición crónica de sus miembros.

La población adulta se encuentra en un alto grado de analfabetismo, y se dedica a actividades informales como las ventas callejeras o recurre a la mendicidad o a la delincuencia para garantizar la supervivencia de la familia. Los niños y las niñas, a causa de la condición económica de su hogar, se ven obligados a trabajar en las calles ayudando  a sus padres, sin tener acceso a la educación, lo que implica una reducción de su tiempo en las actividades educativas o en el peor de los casos, la inasistencia a la escuela.

A lo anterior, se suman los altos grados de maltrato y abuso intrafamiliar, y entre vecinos debido al hacinamiento y a las formas de habitar las viviendas, al desarraigo que conlleva el desplazamiento y las dificultades de sobrevivencia de la población, generando un círculo vicioso de violencia.

La población de Quibdó (Chocó) en más del 90% es de ascendencia africana, y son quienes viven en precarias condiciones tanto económicas como sociales. En los últimos cinco años cerca de 12 mil personas de los municipios cercanos a Quibdó como Bojayá, Tanandó, Murindó y de las riveras del río Baudó, entre otras, se han desplazado por la violencia, dado que esta es una zona de conflicto de los grupos armados al margen de la ley.

En general las familias están compuestas por parejas jóvenes con 4 o 5 hijos pequeños, con un alto crecimiento de madres cabeza de hogar. Cerca del 60% de la población adulta se dedica a las ventas ambulantes, la celaduría, los oficios domésticos y otras actividades, que no generan niveles de ingresos dignos.

El acceso a los servicios públicos es deficiente en los sectores de intervención de la Fundación (Soacha, Quibdó y Barranquilla) ya que al ser terrenos de invasión no se encuentran debidamente legalizados, lo que impide al Estado brindar una cobertura de los mismos. Así, el no contar con acueducto es una de las grandes limitaciones, como ocurre en el sector de Montebello en Quibdó y en Altos de Cazucá en Soacha (3).

En los últimos gobiernos nacionales y locales se ha visto un incremento en la inversión pública así como de políticas a favor de estas poblaciones. Sin embargo, la realidad es todavía tan compleja que exige de todos los actores de la sociedad, un mayor y continuo compromiso en la mejora de la calidad de vida de la gente y su inclusión social.

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(1) Los Desplazados Internos. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 2007.

(2) Situación Colombia - Panorama General. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 2011.

(3) Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha.